El colapso de la ITV en la Comunidad Valenciana pone contra las cuerdas al transporte

La crisis de las estaciones ITV en la Comunidad Valenciana ha dejado de ser una simple queja del sector para convertirse en un problema económico de gran magnitud. Según los datos difundidos por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), más de 19.200 camiones y vehículos pesados continúan sin cita para realizar la inspección obligatoria, una situación que está afectando directamente a la actividad de transportistas, autónomos y empresas logísticas.

La campaña impulsada por FVET, bajo el lema “Ni un minuto más”, ha servido para cuantificar por primera vez el impacto real del colapso del sistema de ITV gestionado por SITVAL, la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

Esperas de hasta dos meses y vehículos inmovilizados

El principal problema para el sector es el tiempo de espera. Las empresas valencianas tardan actualmente una media de dos meses en conseguir cita para pasar la ITV de sus vehículos industriales. En un sector donde el camión representa la principal herramienta de trabajo, esta demora supone pérdidas económicas inmediatas.

Según FVET, el 64% de las empresas de transporte tiene cada año al menos dos vehículos pendientes de inspección, mientras que el 57,7% ha sufrido la paralización de parte de su flota por no disponer de la ITV en vigor.

Además del impacto operativo, el malestar con el servicio es evidente. Siete de cada diez empresas valoran negativamente la atención recibida en las estaciones ITV, reflejando el creciente desgaste entre el sector y el sistema actual.

Transportistas valencianos obligados a salir fuera

Ante la dificultad para obtener cita en la Comunidad Valenciana, muchas empresas han optado por una solución que hasta hace poco parecía excepcional: acudir a otras comunidades autónomas.

Actualmente, el 78,5% de las compañías de transporte reconoce pasar parte de las inspecciones fuera de la región para evitar sanciones y mantener sus vehículos operativos. Comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha se han convertido en destinos habituales para los transportistas valencianos.

La situación genera una importante contradicción: la Comunidad Valenciana mantiene una de las tarifas ITV más elevadas de España para vehículos pesados, pese a las dificultades del servicio. Los profesionales del transporte denuncian que pagan más por un sistema que ofrece menos capacidad y menor agilidad.

Pérdidas de 600 euros diarios por cada camión parado

Las consecuencias económicas del colapso son especialmente graves para autónomos y pequeñas empresas. FVET estima que cada vehículo inmovilizado supone una pérdida aproximada de 600 euros al día, teniendo en cuenta costes fijos, seguros, salarios y rutas canceladas.

El presidente de la patronal, Carlos Prades, advierte de que la situación está comprometiendo la rentabilidad del sector logístico valenciano y dificultando el cumplimiento de contratos y entregas.

A este escenario se suma el incremento de costes derivados del combustible y la presión sobre un sector clave para la economía y la capacidad exportadora de la Comunidad Valenciana.

SITVAL afronta el reto de recuperar la normalidad

La Generalitat Valenciana confía en que la situación empiece a mejorar a partir del verano. El papel de SITVAL será decisivo en esta nueva etapa, ya que la empresa pública prepara un refuerzo de personal para aumentar la capacidad de inspección.

La previsión contempla la incorporación de 73 nuevos inspectores mediante un proceso de concurso-oposición. El objetivo es reducir las listas de espera, aumentar el número de citas disponibles y recuperar la confianza de los profesionales del transporte.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. El sector considera que no basta únicamente con contratar más personal, sino que será necesario mejorar la organización, ampliar horarios y adaptar el servicio a la elevada demanda de vehículos industriales.

Mientras tanto, miles de transportistas valencianos continúan buscando alternativas fuera de la Comunidad para poder cumplir con una obligación administrativa esencial y mantener en marcha su actividad diaria.

Información del autor

Laura Martín

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